Por Felipe Valdebenito Leiva
Periodista, cientista social y habitante del Wallmapu
Hablar de contingencia en Chile hoy es, en rigor, hablar de poder. No de coyuntura. No de eventos aislados. De poder.
Porque lo que se presenta como una simple alza en el costo de la vida —bencina más cara, alimentos al alza, servicios tensionados— es en realidad la traducción local de un conflicto global en el que Chile ya tomó posición. Y lo hizo sin debate público.
El país se ha alineado, de facto, con Estados Unidos, en un escenario internacional marcado por disputas energéticas, guerras abiertas y una economía global en reconfiguración. No es una decisión técnica. Es política. Y como toda decisión política, tiene ganadores y perdedores.
Los datos son elocuentes. Chile importa cerca del 95% del petróleo que consume, lo que lo convierte en una economía altamente vulnerable a las fluctuaciones internacionales. Cuando el precio del barril se dispara —superando los 80, 90 o incluso los 100 dólares en escenarios de tensión— el impacto en los combustibles es inmediato. Y en Chile, ese impacto no se contiene: se traspasa.
El propio mecanismo de estabilización de precios, el MEPCO, ha operado más como amortiguador temporal que como solución estructural. En la práctica, los ajustes semanales terminan trasladando gradualmente las alzas al consumidor final, evitando shocks bruscos, pero no el problema de fondo.
Y ahí está el punto: el problema no es solo el alza. Es quién la paga. En Chile, la respuesta es siempre la misma: la ciudadanía.
El encarecimiento de los combustibles arrastra toda la economía. Aumenta el costo del transporte, presiona los precios de los alimentos y tensiona el presupuesto de los hogares. El IPC lo confirma: el costo de la vida sigue presionando especialmente a los sectores medios y populares, que destinan una mayor proporción de sus ingresos a bienes básicos.
Pero frente a este escenario, la respuesta del Estado sigue siendo limitada. Se actúa con cautela, se subsidia parcialmente, se ajusta marginalmente, pero no se disputa el fondo del problema. Se administra la crisis, pero no se interviene en sus causas.
Aquí no hay neutralidad. Hay decisión.
Porque mientras otros países —incluso con gobiernos de derecha— han impulsado medidas más agresivas para proteger a su población frente a shocks externos, en Chile persiste una lógica de prudencia fiscal que, en los hechos, termina trasladando los costos a los hogares.
Y disputar ese modelo implica disputar poder.
Implica definir si el Estado va a seguir operando como un simple amortiguador o si va a asumir un rol activo en la protección económica de la ciudadanía. Implica discutir la dependencia energética del país, su inserción internacional y su capacidad real de decisión frente a escenarios globales adversos. Pero esa disputa hoy no está ocurriendo. Y no solo por el gobierno.
La oposición política atraviesa un momento de debilidad estructural. Sin proyecto, sin narrativa y sin capacidad de interpelación, ha optado por replegarse. No disputa el sentido del debate público, no tensiona las decisiones estratégicas y no construye una alternativa.
En los hechos, parece haber aceptado el marco: que Chile debe alinearse, que el mercado debe ordenar, que los costos deben distribuirse como siempre.
Esa renuncia también es política. Porque cuando no se disputa, se consolida lo existente.
Por eso la contingencia está en disputa. No porque existan múltiples interpretaciones, sino porque hay sectores que han decidido no dar la pelea. Se intenta instalar que el alza de los precios es inevitable. Que el contexto internacional manda. Que no hay mucho que hacer. Pero esa narrativa no es neutra: despolitiza decisiones profundamente políticas.
Chile podría discutir su dependencia energética, fortalecer su rol estatal en sectores estratégicos y redefinir su posición en el escenario internacional. Pero nada de eso ocurre sin conflicto. Y hoy, el conflicto parece estar fuera de la política institucional. Mientras tanto, la ciudadanía sigue pagando.
Paga en la bencina, en el pan, en el transporte. Paga en cuotas, sin interés… pero sin opción. Y la política, que debiera disputar ese costo, hoy parece más preocupada de administrarlo con “responsabilidad”. Responsabilidad fiscal, le llaman.
Como si gobernar fuera eso: mirar cómo suben los precios, explicar por qué es inevitable… y esperar que la próxima crisis sea igual de administrable.
