Por Camilo Bass del Campo
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (Universidad de Concepción) y en Salud Pública. Magíster en Administración de Salud. Desempeño académico en el Programa de Salud Colectiva y Medicina Social de la Escuela de Salud Pública (Universidad de Chile), dedicado a los temas de: Docencia y Atención Primaria de Salud, Talento Humano en Salud, Seguridad Social y Políticas Públicas.
Chile atraviesa un momento político marcado por el endurecimiento del proyecto neoliberal y por la profundización de una restauración conservadora que hoy encuentra en la ultraderecha su expresión más visible. Lo que vivimos no es solo una disputa entre gobiernos ni una simple alternancia electoral, sino la consolidación de un modelo que ha hecho del despojo una forma de gobernar y de la precariedad una condición permanente para las grandes mayorías.
Durante décadas se nos habló de transición democrática, estabilidad y progreso. Sin embargo, esa promesa convivió con la mantención intacta de las bases estructurales heredadas de la dictadura: AFP, ISAPRES, privatización de derechos, debilitamiento sindical, concentración económica y una democracia restringida, donde las grandes decisiones siguieron lejos de la ciudadanía. Los gobiernos de la postdictadura administraron ese orden con distintos lenguajes, pero bajo una misma lógica: preservar la acumulación privada y contener el conflicto social. La democracia se volvió administración, y la política pasó a ser una gestión tecnocrática del malestar.
La última administración progresista llegó con la expectativa supuesta de cerrar ese ciclo. Veníamos de una revuelta social que había cuestionado con fuerza el lucro en la educación, la desigualdad estructural, el extractivismo, las AFP, las ISAPRES y la represión como forma de gobierno. Millones de personas no exigían solamente reformas: exigían dignidad, comunidad y una transformación profunda de la forma de vivir. Sin embargo, esa energía fue absorbida por una institucionalidad que convirtió la crisis en gobernabilidad, la protesta en trámite y la esperanza en moderación.
La frustración actual no nace con la ultraderecha. Se incubó cuando quienes prometieron transformaciones terminaron administrando los mismos límites impuestos por el gran empresariado, la disciplina fiscal y la lógica de mercado. La promesa de terminar con los privilegios del sistema privado de salud terminó fortaleciendo a las aseguradoras; la promesa de desmontar el modelo previsional terminó preservando su núcleo; y la promesa de ampliar la democracia convivió con una agenda de seguridad, criminalización de la protesta y ampliación de herramientas represivas. La decepción no fue solo programática: fue política, ética y profundamente social.
Ese vacío fue el terreno fértil para el avance de la derecha autoritaria. No porque haya conquistado moralmente a las mayorías, sino porque el progresismo dejó de ofrecer una diferencia reconocible. Cuando la política renuncia al conflicto social y se reduce a la administración técnica del sufrimiento, la derecha aparece como una promesa brutal de orden. Allí donde se administró frustración, la ultraderecha organiza miedo. No ofrece justicia, pero sí castigo; no promete igualdad, pero sí control.
Hoy ese proyecto se expresa en decisiones concretas: reducción del gasto público, debilitamiento de derechos sociales, desarticulación de lo público y fortalecimiento del negocio privado como principio ordenador de la vida social. No se trata solo de una política económica, sino de una verdadera pedagogía del sufrimiento. Menos Estado significa más mercado sobre los cuerpos, más endeudamiento, más abandono y más disciplinamiento. La precariedad deja de ser una falla del sistema para transformarse en su método de funcionamiento.
En salud esto se vuelve especialmente evidente. Se prometió avanzar hacia un sistema universal, terminar con la segmentación y poner fin al poder de las ISAPRES. Ocurrió lo contrario. Se sostuvo y fortaleció una estructura donde la atención digna sigue dependiendo de la capacidad de pago, mientras la red pública sobrevive desfinanciada, con equipos agotados y una Atención Primaria atrapada entre la sobrecarga y la retórica vacía de la universalización. La salud dejó de entenderse como un derecho colectivo para reafirmarse como mercancía y negocio, profundizando reformas neoliberales que la dictadura instaló y que la democracia administró y perfeccionó.
Pero lo que se ha erosionado no es solamente el rol del Estado. Lo más profundo ha sido la pérdida de lo común: la capacidad de reconocernos como parte de una experiencia compartida, de defender lo público como espacio de dignidad colectiva, de construir comunidad frente a la fragmentación. El neoliberalismo no privatizó solo servicios; privatizó vínculos, afectos, tiempos y horizontes. Nos enseñó a competir, a sobrevivir en soledad y a desconfiar de los demás.
Sin embargo, ese despojo no está cerrado. El malestar se expresa en las encuestas que muestran el rápido desgaste del nuevo ciclo político, pero también en las calles, en conflictos territoriales, en luchas sindicales, en la movilización de estudiantes que vuelven a cuestionar la mercantilización de la educación y la precarización de sus condiciones de vida, en comunidades que resisten desalojos, en redes de apoyo mutuo y en organizaciones que siguen defendiendo salud pública, vivienda digna y derecho al territorio. Allí persiste una memoria política que no ha desaparecido: la convicción de que el buen vivir no puede depender del mercado.
Tal vez lo que nos quitaron no fue solamente el Estado, sino la idea misma de que podíamos construir algo juntes. Recuperar lo común no es una nostalgia ni una consigna abstracta. Es una necesidad histórica. Porque frente a un tiempo de repliegue, miedo y restauración autoritaria, lo común vuelve a ser trinchera. Allí donde se organiza el cuidado, donde se defiende la salud como derecho, donde se reconstruyen vínculos y se disputa el sentido de una vida digna, sigue existiendo la posibilidad de otro futuro.
No será una salida ofrecida desde arriba ni una nueva promesa electoral. Será una construcción lenta, conflictiva y profundamente popular. Porque cuando el poder administra el despojo como normalidad, defender lo común deja de ser un gesto simbólico: se convierte en una forma concreta de resistencia política.
