Por Camilo Bass del Campo
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (Universidad de Concepción) y en Salud Pública. Magíster en Administración de Salud. Desempeño académico en el Programa de Salud Colectiva y Medicina Social de la Escuela de Salud Pública (Universidad de Chile), dedicado a los temas de: Docencia y Atención Primaria de Salud, Talento Humano en Salud, Seguridad Social y Políticas Públicas.
El Ministerio de Salud ha instruido aumentar el número de pacientes que médicos y médicas especialistas deben atender por hora. Exigir un uso adecuado de los recursos públicos es necesario. Pero cuando esta medida adquiere centralidad frente a las listas de espera, aparece una salida demasiado fácil: Hacer parecer que una parte importante del problema está en el tiempo que los/as especialistas dedican a sus pacientes y no en las condiciones estructurales en que funciona el sistema público. Es una manera de desplazar la responsabilidad de décadas de decisiones políticas hacia quienes hoy sostienen cotidianamente la atención.
Las listas de espera no nacieron porque las consultas sean demasiado largas. Son fundamentalmente expresión de una precariedad acumulada: Hospitales con infraestructura deteriorada, falta de boxes, pabellones y equipamiento, sistemas de información fragmentados, dificultades para acceder a exámenes, brechas de dotación y establecimientos obligados a responder a una demanda creciente con capacidades insuficientes. Esta situación tiene una responsabilidad histórica muy clara. Las reformas neoliberales de la dictadura desarticularon el Servicio Nacional de Salud, municipalizaron la Atención Primaria, crearon las Isapres y debilitaron el financiamiento público, consolidando un sistema segmentado en que el Estado atiende a la mayoría de la población mientras una parte importante de los recursos sanitarios se concentra en el mercado privado.
Durante la postdictadura se recuperó inversión y se ampliaron coberturas, pero los distintos gobiernos no modificaron de manera sustantiva esa arquitectura. La insuficiencia de capacidad estatal ha servido reiteradamente para justificar compras de prestaciones privadas. En determinadas circunstancias ello puede ser necesario para resolver la situación concreta de personas que no pueden seguir esperando. Pero cuando esa respuesta se vuelve permanente aparece una contradicción difícil de ignorar: La precariedad del sistema público termina siendo utilizada para justificar transferencias de recursos hacia una capacidad privada que crece precisamente sobre las insuficiencias del primero. Se compra afuera lo que no se construye suficientemente dentro y, con ello, se reproduce la misma dependencia que después vuelve a presentarse como inevitable.
En ese contexto, trasladar el problema hacia el box de atención y preguntar cuántos pacientes atiende por hora un médico o una médica especialista no es una decisión neutral. Significa correr el centro de la discusión desde la precariedad estructural hacia el rendimiento individual. Pero una consulta médica no es una unidad industrial homogénea. Atender a una persona con cáncer, insuficiencia renal avanzada, discapacidad, multimorbilidad o tratamientos complejos no requiere el mismo tiempo que un control estable. Reducir el tiempo clínico puede mejorar una cifra de producción y, al mismo tiempo, empeorar la calidad real de la atención. El riesgo es evidente: Menos tiempo para escuchar, examinar, revisar antecedentes, explicar decisiones, conciliar medicamentos, educar, coordinar cuidados o detectar aquello que no aparece en los primeros minutos de una consulta.
Por eso el problema no es solo lo que esta política puede significar para los trabajadores de salud. También puede trasladar la precariedad institucional directamente a los/as pacientes. Cuando una red insuficiente intenta compensar sus carencias acelerando el encuentro clínico, quienes más pueden perder son precisamente quienes requieren más tiempo: Personas mayores, con multimorbilidad, discapacidad, barreras de comunicación, enfermedades graves o redes familiares débiles. Una atención más breve puede terminar siendo una atención menos resolutiva, generar nuevas consultas, retrasar diagnósticos, dificultar la comprensión de los tratamientos y deteriorar la continuidad del cuidado. La precariedad del establecimiento termina entonces convertida en precariedad de la atención.
Incluso una gestión impecable de los hospitales no resolverá por sí sola las listas de espera. El problema debe observarse desde la red completa. Una Atención Primaria fuerte, con longitudinalidad y equipos responsables de poblaciones acotadas, puede conocer mejor la trayectoria de las personas, resolver más problemas antes de que se conviertan en derivaciones y seleccionar mejor quién requiere atención especializada. Para ello necesita capacidad diagnóstica y terapéutica real, profesionales, tecnología, medicamentos, procedimientos y respaldo clínico. No se puede pedir más resolutividad a AP sin entregar las condiciones materiales para producirla, del mismo modo que no se puede pedir más productividad a los hospitales ignorando sus carencias.
Entre AP y el hospital también se necesita una relación clínica mucho más fluida. Apoyo especialista focal previo a la derivación, teleinterconsultas, mayor capacidad de resolución diagnóstica en el primer nivel y contrarreferencias efectivas pueden evitar derivaciones innecesarias y permitir que personas estabilizadas continúen sus cuidados cerca de su comunidad. La lista de espera no se genera solamente dentro del hospital: Se construye a lo largo de todo el recorrido asistencial.
Desde esta perspectiva, una lista de espera no es simplemente una fila demasiado larga. Es el resultado acumulado de cómo se financia, organiza y articula el sistema: Cuánta capacidad pública existe, dónde están los y las especialistas, qué puede resolver AP, qué infraestructura está disponible y qué acceso diagnóstico tiene cada nivel. Reducir toda esa complejidad a cuántos pacientes caben en una hora permite administrar el indicador, pero no resuelve el problema.
La alternativa no pasa por elegir entre “gestión” o “más recursos”. Se necesitan ambas cosas: Fortalecer la Atención Primaria y su longitudinalidad, ampliar el apoyo clínico entre niveles, integrar los sistemas de información, mejorar el acceso diagnóstico, recuperar infraestructura, distribuir mejor a médicos y médicas especialistas y aumentar efectivamente la dotación y la inversión pública. Pero, sobre todo, se necesita asumir una responsabilidad política: La precariedad del sistema público no puede seguir resolviéndose exigiendo que sus trabajadores/as produzcan cada vez más en condiciones cada vez más estrechas, mientras sus pacientes reciben cada vez menos tiempo de atención.
Las listas de espera merecen respuestas urgentes. Pero urgencia no significa simplificación. Después de décadas de precariedad, la pregunta no puede ser solamente cuántos pacientes caben en una hora. La pregunta es quién debe hacerse responsable de reparar un sistema debilitado durante décadas. Esa responsabilidad no puede descargarse sobre médicos y médicas especialistas, y mucho menos sobre pacientes que terminan pagando la precariedad con consultas más breves, menor continuidad y una atención potencialmente menos segura. No se puede corregir una deuda histórica reduciendo minutos de atención.
