Por Felipe Valdebenito Leiva
Periodista, cientista social y habitante del Wallmapu
El neoliberalismo nació bajo dictadura. No es una metáfora ni una exageración retórica. En Chile, las transformaciones económicas que dieron forma al modelo neoliberal fueron implementadas bajo un régimen que había suspendido las instituciones democráticas, perseguido a sus opositores y restringido las libertades políticas. La dictadura no fue simplemente el contexto histórico en el que se desarrolló el neoliberalismo chileno: Fue la condición política que permitió su imposición.
Con el retorno de la democracia, el problema cambió. Ya no se trataba de imponer el modelo, sino de hacerlo gobernable bajo nuevas condiciones políticas. La transición construyó así una fórmula que permitió administrar el orden heredado, introducirle modificaciones y, al mismo tiempo, garantizar su continuidad. La Concertación no desmontó el modelo neoliberal. Lo administró, lo corrigió en algunos de sus excesos y, en muchos aspectos, contribuyó a dotarlo de legitimidad democrática.
La crisis
La crisis de 2008 suele ser presentada como una crisis financiera internacional. Pero reducirla a eso es perder de vista lo que realmente estaba ocurriendo, ya que la crisis es del orden económico neoliberal, de sus formas de producción y acumulación y, también, de su capacidad para ofrecer un horizonte de sentido y bienestar social.
En Chile, esa contradicción se expresó de múltiples formas: Endeudamiento, precarización laboral, dificultades para acceder a una vivienda, pensiones insuficientes, educación y salud convertidas en espacios de profunda desigualdad y una creciente sensación de abuso.
Así también, el problema comenzó a ser más profundo que la distribución de la riqueza. El modelo empezó a perder su capacidad de producir sentido. Y cuando un modelo económico deja de producir bienestar y también deja de producir legitimidad, aparece una pregunta inevitable: ¿Cómo se sostiene?
La democracia como mecanismo de administración
Durante estos años, el sistema político buscó respuestas dentro de sus propios mecanismos democráticos. La alternancia se convirtió en una forma de administrar el descontento. Gobiernos de izquierda, de derecha y coaliciones distintas fueron sucediéndose en el poder, prometiendo cambios, correcciones o transformaciones.
La democracia logró sobrevivir al agotamiento del consenso neoliberal precisamente porque permitió canalizar el conflicto mediante elecciones, reformas y alternancia. Pero esa misma capacidad de administración comenzó a mostrar sus límites cuando las demandas sociales dejaron de ser solamente demandas de gestión y comenzaron a cuestionar las bases del modelo.
El estallido de 2019 hizo visible esa fractura de manera imposible de ignorar. La respuesta institucional fue un proceso constitucional. Pero ese proceso también fracasó. Y después del fracaso constitucional, una parte importante de la política chilena comenzó a desplazarse desde la pregunta por cómo transformar la sociedad hacia la pregunta por cómo recuperar el orden.
Cuando el problema pasa a ser el orden
La seguridad comenzó a ocupar el centro del debate político. No es difícil comprender por qué. El aumento de la delincuencia, el crimen organizado y la violencia son problemas reales que afectan directamente la vida cotidiana. El Estado tiene la obligación de enfrentarlos y la ciudadanía tiene derecho a exigir seguridad.
Pero precisamente por eso resulta necesario mirar más allá de la contingencia. Porque cuando una sociedad atraviesa una crisis prolongada, la seguridad puede convertirse no solamente en una política pública, sino también en una nueva forma de reorganizar la relación entre Estado y sociedad.
El Estado que no consigue resolver las causas estructurales del malestar puede comenzar a fortalecer su capacidad para administrarlo. Y aquí aparece la cuestión que me interesa respecto de la nueva legislación de seguridad. No sostengo que estemos ante una dictadura clásica. No vivimos bajo una junta militar, no se han suspendido las elecciones y las instituciones democráticas continúan funcionando. La cuestión es más compleja.
La pregunta es si una democracia puede comenzar a incorporar dentro de su propio ordenamiento jurídico formas de excepción, control y coerción que amplían progresivamente las capacidades del Estado para administrar una crisis que no ha conseguido resolver por otras vías.
La institucionalización de la excepción
La historia política demuestra que las democracias no desaparecen necesariamente de un día para otro. También pueden transformarse gradualmente. Pueden ampliar sus facultades de vigilancia. Pueden normalizar estados de excepción. Pueden aumentar las capacidades coercitivas del Estado. Pueden convertir medidas extraordinarias en instrumentos permanentes. Y pueden hacerlo mediante leyes aprobadas por instituciones democráticas.
Por eso, el problema no es solamente preguntarse si una determinada ley es necesaria para enfrentar un determinado delito. También debemos preguntarnos qué tipo de Estado estamos construyendo para enfrentar la crisis social, política y económica de nuestro tiempo. Porque si el neoliberalismo necesitó de la dictadura para ser impuesto y luego necesitó de la democracia para ser administrado, ¿Qué necesita ahora para sobrevivir a su propia crisis?
Quizás la respuesta esté comenzando a aparecer frente a nosotros/as: Un Estado con mayores capacidades coercitivas, capaz de ampliar los límites de lo que puede hacer en nombre de la seguridad y el orden.
Por eso creo que sería un error leer la nueva Ley de Seguridad exclusivamente desde la contingencia. Una ley nunca existe completamente aislada del momento histórico en que es aprobada.
Esta legislación aparece en una sociedad atravesada por una crisis que lleva casi dos décadas; después de una secuencia de movilizaciones sociales, intentos fallidos de transformación institucional y una creciente centralidad política de la seguridad.
Por eso, más que preguntarnos solamente qué dice esta ley, deberíamos preguntarnos qué necesidad histórica está expresando. Porque quizás lo que estamos viendo no sea el regreso de la dictadura. Quizás sea algo más complejo y, precisamente por eso, más difícil de reconocer: La incorporación progresiva de la excepción dentro de la normalidad democrática.
El neoliberalismo nació bajo dictadura. La transición lo administró bajo democracia. Y ahora, frente a su propia crisis, quizás estemos entrando en una etapa en que la democracia comienza a ampliar sus propias herramientas coercitivas para garantizar la continuidad de un orden que ya no consigue sostenerse únicamente mediante el consenso. Y quizás la pregunta más importante no sea hacia dónde nos lleva esta ley, sino qué tipo de democracia necesitaremos para enfrentar una crisis que el neoliberalismo, después de casi dos décadas, todavía no consigue resolver.
