María Laura Manzi Araneda – Geraldine Faloon Pérez Guardia
Vocera Coordinadora Feminista 8M – Integrante Coordinadora Feminista 8M
Los sectores ultraconservadores en Chile y en el mundo llevan décadas instalando la idea de que son ellos quienes portan los valores que protegen a las familias y, como parte de ellas, a los niños. Nosotras sabemos —porque tampoco es que lo escondan— que cuando dicen defender a la familia y a los niños no están hablando de todas las familias y, menos aún, de todas las niñeces.
Los motivos para no hablar de todos los niños son varios. El principal es su absoluta indiferencia y desprecio ante las grandes mayorías del país; su burbuja social no admite diversidad ni cuestionamientos. Es así como, una y otra vez, su intención de posicionarse como los guardianes de la vida y las feministas como las destructoras de la vida y de las relaciones familiares se tensionan. En los siguientes párrafos abrimos reflexiones sobre cómo entiende la niñez este sector, cuáles son los intereses que ponen en juego, qué mensajes y medidas ha desplegado el gobierno de José Antonio Kast, qué efectos tienen sobre las niñeces y adolescencias, y qué rol creemos que deben (debemos, dirá Geraldine) tener las niñas, niños y adolescentes para hacer frente a la avanzada de la ultraderecha. Cuando hablan de niñez a secas, aluden a esa niñez “ideal” de la publicidad. Esas niñas y niños cuyas necesidades son cubiertas de manera privada sin tener contacto alguno con el Estado. Al resto, si tienen suerte, les ponen un calificativo; si no, quedan incluso despojadas del nominativo —niño/a— y pasan a ser “menores”. La distinción entre las niñeces que ejercen sus derechos mediante garantías estatales y las que no, opera como la principal frontera de diferenciación entre quienes, a ojos del conservadurismo, merecen o no ser vistos y reconocidos en su calidad de niñas, niños y adolescentes.
Esta es una frontera ficticia, porque, aunque algunos no lo quieran admitir, todas las personas estamos siempre en contacto con el Estado y nuestras condiciones de vida están justamente marcadas por la capacidad del mismo de estar presente y atender a las necesidades de su pueblo. La presencia del Estado se observa en las redes de alcantarillado, la pavimentación de las calles, la iluminación vial, el sistema de vacunación, la alimentación provista en las escuelas, la calefacción en invierno, el acceso oportuno a atención de salud, la disponibilidad de libros, las áreas verdes y los espacios de recreación, así como también en la cantidad de horas sin compañía ocasionada por las largas jornadas laborales. La lista suma y sigue.
Más allá de la parafernalia discursiva sobre la importancia de la vida y las niñeces, nos quisimos detener a observar qué ha hecho y propone hacer este gobierno respecto de las niñas, niños y adolescentes en el país. Aquello que hacen y dejan de hacer nos habla de las condiciones de vida que están dispuestos a ofrecerles. Kast, desde su campaña, ha instalado que su agenda es economía y seguridad. Bajo el lenguaje del crecimiento y la eficiencia, la denominada mega reforma económica, impulsa un recorte estructural al Estado que afecta directamente a las niñeces en el país. Cada peso que se ahorra el gran empresariado es un peso menos que llega a las escuelas públicas, a los consultorios, a las salas cuna, a los programas de alimentación escolar, a los espacios comunitarios. El ahorro fiscal que tanto celebran se sostiene sobre las espaldas de quienes día a día, mes a mes, generan estrategias cotidianas para favorecer la vida e impacta especialmente a las mujeres y adolescencias feminizadas, que son quienes sostienen los cuidados de los hogares. En la medida en que se reduce el presupuesto del Estado, se aumenta la brecha entre quienes necesitan activamente de éste para el pleno ejercicio de sus derechos y quienes no. Entre quienes forman parte de la clase dominante y quienes pertenecen a la clase trabajadora. La reducción del presupuesto empuja una vez más a las niñeces de la esfera pública a la privada, forzando a las familias a resolver individualmente sus labores de crianza y cuidado. Lo que es peor, el proceso de desaparición del Estado le enseña a la ciudadanía que, cuando el Estado aparece, se les quitan libertades a las personas.
Cuando el Estado aparece, es porque no quiere que cada hogar sea libre de funcionar como quiera. Un ejemplo concreto. En el contexto de la discusión sobre la Ley de Sala Cuna, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, exclamó “qué desastre” cuando en el Senado se aprobó un articulado que establece que el derecho a la sala cuna está radicado en las niñas y los niños y no en la persona trabajadora. Un desastre, porque significa que, de aprobarse en el segundo trámite, el Estado tendrá el deber de asegurar la disponibilidad de cupos de sala cuna para todas las niñas y los niños entre los 3 meses y los 2 años. Al explicar su posición, el ministro señaló que se trataba de una medida para las y los trabajadores formales, una forma de facilitar y resguardar que quienes tienen contratos no se ausenten del trabajo.
Las niñeces son borradas de su campo de visión: las condiciones en las que esas salas cuna operen y las condiciones de trabajo de quienes las implementan no son relevantes. Le importa que no sea el empresariado quien deba costear las salas cuna y que el funcionamiento de sus empresas no se vea afectado por la presencia de madres y padres en sus planillas. Reconocer la sala cuna como un derecho de la niñez, en cambio, hace dos cosas al mismo tiempo: reconoce a las niñeces como sujetos y elimina la discriminación entre las diversas formas de trabajo (remuneradas, informales, ocasionales, por honorario o con contrato) que hoy determinan si una madre o un padre puede acceder o no a este derecho para sus hijas e hijos.
El segundo pilar del programa, la seguridad, exhibe el mismo patrón. Hemos visto una agenda marcada por la concentración del poder por parte del Ejecutivo, la criminalización de la organización social, de la población migrante y del estudiantado de educación media. En sus primeras semanas en la presidencia, Kast quiso imponer una política de persecución activa de las personas migrantes, un equivalente a lo que se ha hecho con el ICE en Estados Unidos. La persecución implicaba la obligación de las escuelas y centros de salud de reportar a personas en situación irregular. Es decir, que docentes y profesionales de la salud debiesen informar al gobierno cuando un estudiante o paciente se encuentra en situación irregular, o bien su madre o padre lo está. Si bien la tramitación de esta iniciativa fracasó, las consecuencias de haberla presentado siguen aflorando. Estudiantes comentan sobre los miedos de sus compañeras y compañeros de curso a ir a la escuela, por temor a que ellas, ellos o sus madres y padres sean reportados. Se pone a las niñeces en la situación imposible de tener que dejar de ir a la escuela o dejar de recibir un tratamiento de salud para evitar la separación de su familia. Por otra parte, observamos con preocupación los retrocesos en materia de Responsabilidad Penal Adolescente.
En todos los ciclos congresales desde la aprobación de esta ley en 2007 parlamentarios de derecha han presentado o amenazado con presentar reformas legales para reducir la edad de imputabilidad junto con agravar las sanciones y su aplicación. Este ciclo no es la excepción. Si bien no se proyecta una disminución de la edad, actualmente se discute una reforma legal que, entre otras cosas, aumenta la extensión máxima de las sanciones y posibilita su cumplimiento en cárceles de adultos. Este proyecto desconoce los derechos específicos de la adolescencia y avanza en la construcción social de los adolescentes que han cometido delitos —independientemente del tipo— como criminales. En paralelo, avanza la implementación de prácticas represivas internas mediante las facilidades que otorga la nueva ley Escuelas Protegidas —sucesora ampliada de Aula Segura—. La revisión de mochilas, el hostigamiento contra estudiantes organizadas y organizados y el intento —frenado por el Tribunal Constitucional, pero elocuente respecto de la intención original— de inhabilitar de gratuidad universitaria a quienes tuvieran condenas por violencia escolar hacen evidente el objetivo: silenciar y aplastar a todo quien quiera ser un agente de cambio, un sujeto político.
Frente a este escenario, en el que el propio diseño del proyecto de gobierno apunta a impedir que las niñeces y adolescencias aparezcan como sujetos políticos, la pregunta se vuelve doblemente urgente: ¿qué rol pueden y deben tener frente a la avanzada de la ultraderecha? Para nosotras, la respuesta no está en repetir la lógica adultocéntrica que pide a las juventudes que “resistan” desde afuera, como si no estuvieran ya en el centro del conflicto. Está más bien en sostener, desde las prácticas cotidianas de nuestras organizaciones, las condiciones para que esa aparición sea posible.
La primera práctica tiene que ser cuidar la conversación cotidiana. No todas las personas tienen la posibilidad de dialogar con quienes piensan distinto: tendemos a movernos en los mismos círculos, y a eso se suma que los algoritmos que organizan las redes sociales nos devuelven siempre a la propia trinchera. La ultraderecha ha entendido esto mejor que nadie y ha invertido enormes recursos en capturar la conversación juvenil desde el resentimiento y la caricatura. Frente a eso, generar espacios de diálogo intergeneracional que no se organicen desde el juicio ni desde el sesgo generacional —donde equivocarse, dudar y cambiar de opinión sean posibles— es una tarea política de primer orden. Este mismo texto, escrito a dos voces con 19 años de diferencia (Laura 35 y Geraldine 16), es un pequeño intento en esa dirección.
Una segunda práctica se refiere a las organizaciones estudiantiles. Los centros de estudiantes, los consejos escolares y las asambleas de liceos no pueden reducirse a discutir el reglamento interno, el calendario de pruebas o la semana del colegio. Es necesario que se pueda debatir sobre las condiciones para estudiar y con ello sus propias condiciones de vida y la que les rodea: el trabajo de sus familias, la salud mental, la xenofobia, la crisis climática, el aborto, la seguridad y la represión. Reducir el horizonte de discusión de las adolescencias a “asuntos escolares” también es una forma de negarles su condición de sujetos políticos.
Una tercera práctica es la articulación entre organizaciones con una perspectiva de memoria intergeneracional. Las organizaciones feministas, estudiantiles, sindicales y de derechos humanos cargamos experiencias y aprendizajes a lo largo de décadas que no pueden quedar encapsulados en cada generación por separado. En un contexto en que la ultraderecha invierte enormes recursos en producir un relato desmemoriado —cuando no derechamente falsificado— del pasado reciente y del presente, encontrarnos es imperativo. Un gobierno para algunas niñeces es, en el fondo, un gobierno que necesita que las demás no hablen, no se organicen y no sean vistas. Nuestra apuesta como Coordinadora Feminista 8M es exactamente la contraria: disputar las condiciones para que todas las niñeces en su pluralidad puedan aparecer y protagonizar la escena pública.
