Por Roberto Navarro Almonacid
Administrador Público. Experto en Gestión Financiera de Instituciones Públicas y en Estrategias Políticas para Políticas Públicas.
No se puede hablar de Seguridad Pública sin antes referirse a la criminalidad, y, asimismo, tampoco se puede hablar de criminalidad sin tener nociones respecto de qué conductas sociales son dignas de ser perseguidas y encarceladas. En su análisis sobre el fenómeno criminal en el libro Vigilar y Castigar de 1975, el conocido historiador y sociólogo francés Michel Foucault profundiza ampliamente sobre el problema de la criminalidad en las sociedades modernas. En él alerta sobre dos dimensiones del crimen en las sociedades modernas. A diferencia de otros investigadores del Siglo XX que habían indagado sobre qué es lo que impulsa la acción criminal y si estos actos responden a injusticias de clase, a características psicológicas-cognitivas, o ambientales como la educación, la familia o el trabajo (Orellana, 2016), Foucault plantea que era necesario dar un par de pasos hacia atrás y tomar perspectiva respecto de cuáles infracciones eran procesadas por el sistema punitivo y cuáles no. De esta manera crea el concepto de ilegalismos para referirse a este paso previo que permite percibir aquellas conductas que – a pesar de estar legalmente prohibidas- son socialmente toleradas, menos punibles tales como el tráfico de influencia, degradación ambiental, corrupción política y empresarial, financiamiento ilegal de la política, captura de agencias públicas por parte de intereses privados, entre otras muchas que han sido normalizadas a pesar de su ilegalidad. La otra dimensión mencionada por Foucault es la delincuencia común, asaltos, robos, homicidios, violaciones, secuestros, entre tantos otros. Transgresiones de mayor connotación social que si bien son igualmente ilegales que las del primer grupo, son más perseguidas, publicitadas, separadas y encarceladas. Para el historiador la separación de estas dos dimensiones “ilegalismo” y “delincuencia corriente” no era fortuita, sino que tiene una función social específica en una economía política del delito, mientras más se informe sobre la delincuencia común, más se oscurecen los “ilegalismos”.
Esta manera de mirar el fenómeno criminal es muy esclarecedora, particularmente para entender los fenómenos criminales en Latinoamérica y puede dar luces respecto de la economía política del delito en Chile, y cómo la delincuencia corriente se ha tomado no sólo la Agenda Pública, sino también la Agenda de Gobierno.
Durante la campaña presidencial del socialdemócrata Gabriel Boric contra el ultraconservador José Antonio Kast se pudo evidenciar dos interpretaciones opuestas respecto al problema del crimen y la impunidad en el país. Mientras Gabriel Boric y su coalición Apruebo Dignidad se enfocaban en atacar los ilegalismos de la sociedad, es decir los delitos de cuello y corbata tales como los desfalcos dentro de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, de Carabineros, colusiones empresariales, financiamiento ilegal de la política, y delitos ambientales, entre otras prácticas ilegales toleradas por círculos de la élite político-empresarial, y abordar punitivamente estas conductas con penas efectivas, traería paz social en una sociedad convulsionada y polarizada; Jose Antonio Kast y la derecha, por su parte, se centraban en atacar la delincuencia común y su explosivo aumento tanto cantidad como brutalidad, fundando sus argumentos en correlaciones con fenómenos migratorios o con el propio Estallido Social, que en sus palabras se trataba de un “Estallido delictual”. Dos visiones opuestas, no sólo sobre las protestas de aquel octubre, sino también acerca del problema de la criminalidad e impunidad de la sociedad chilena.
A pesar de la victoria de Gabriel Boric y a sólo seis meses de asumir el Gobierno, la interpretación del fenómeno de la delincuencia de la centroizquierda fue derrotada obligado el ejecutivo a dar un radical giro en su discurso y sus lineamientos. Así, dejó de hablarse de delitos económicos, ambientales, de la refundación de Carabineros de Chile o sobre el mal uso de recursos públicos centrándose toda la maquinaria gubernamental y mediática en los delitos de mayor connotación social, encerronas, portonazos, secuestros, homicidios, robo de madera y atentados incendiarios en el sur del país. Esta derrota, o más bien cambio de énfasis como dirían en las filas oficialistas, puede deberse a cuatro razones no necesariamente excluyentes entre sí:
1) El peso de la realidad. Los diagnósticos de Apruebo Dignidad antes de asumir el poder no tomaron en cuenta el desarrollo que ha tenido la actividad criminal y sus efectos en la ciudadanía. Así, la incorporación de la ex-concertación a la coalición de Gobierno es decidor, siendo el ejemplo más claro el cambio de Izkia Siches por Carolina Tohá en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el manejo que esta última ha mostrado en este puesto.
2) Una mayoría conservadora en el legislativo que constantemente remite todo el debate político a los problemas de seguridad pública. No es de extrañar que el explotar la narrativa de la migración e inseguridad genere réditos a los sectores de la derecha radical, es un fenómeno contingente, extendido y estudiado (Stefanoni; 2022).
3) El cambio en el tipo de criminalidad. En tan solo una década se ha dado paso a delitos cada vez más violentos, el aumento del narcotráfico y la complejidad alcanzada por parte del crimen organizado ya era alertada por la Fiscalía a través de los informes del observatorio de narcotráfico donde se advertía sobre una “nueva tipología del crimen, nuevas formas para ingresar drogas al territorio nacional y organizaciones criminales que se iban complejizando” (Fiscalía, 2018-2021).
4) El tratamiento mediático a la delincuencia corriente por sobre los “ilegalismos”. Actualmente es común empezar el día con noticias como portonazos, encerronas, balas locas, secuestros, balaceras entre otros delitos, generando la mayor sensación de inseguridad de los últimos 22 años, aun cuando el índice de victimización es el más bajo en 20 años (Paz Ciudadana, 2022). Los elementos antes descritos no solo han obligado al ejecutivo a realizar un cambio en sus políticas de gobierno, sino también en su interpretación inicial del fenómeno.
Ahora bien, aun cuando es un hecho que la Agenda Pública fue tomada por los delitos corrientes desplazando definitivamente los “ilegalismos”, sería un error plantear que una agenda corta es menos importante, que no es prioritaria o que esta -como problema- es obra de la derecha y su poder mediático. Así sólo nos arriesgamos a caer en el negacionismo de la crisis de seguridad que hoy vivimos, no sólo sería irresponsable, sino lapidario.
Aunque situar en la Agenda Pública a la delincuencia común es un potencial caldo de cultivo para lo que la investigadora especialista en seguridad y ex asesora de la Moneda Lucía Dammert llama populismo punitivo (Dammert, 2022), no se pueden desmerecer los avances que el actual Gobierno ha realizado para enfrentar esta crisis de Seguridad Pública. Se presentó el Plan Nacional de Seguridad, el aumento de un 4,4% en el presupuesto para Orden Público y Seguridad, cerca de 164 mil millones de pesos, el desbaratamiento de una enorme cantidad de bandas criminales asociados a robo de vehículos, al robo de madera, narcotráfico y al crimen organizado da cuenta de la capacidad de esta administración para articular esfuerzos y avanzar en la lucha contra el crimen. Es cierto que estas medidas no alcanzan para disminuir la sensación de inseguridad ni tampoco cambiarán la agenda, pero sí demuestra la capacidad de adaptación y respuesta del gobierno. La recuperación de la agenda por parte del ejecutivo no puede realizarse sin antes abordar la actual situación de la seguridad pública mostrando resultados concretos. Así, se necesita que el Presidente Gabriel Boric actúe en el doble Rol que le impone su investidura presidencial, Jefe de Gobierno y como Jefe de Estado.
Como Jefe de Gobierno, es necesario profundizar la coordinación entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública con las fuerzas policiales, institucionalizar mesas de trabajo interministeriales, dar más atribuciones a la Unidad de Análisis Financiero para perseguir la ruta del dinero de oficio, aunar esfuerzos también con los municipios siendo vital que estos conozcan la dotación policial asignada a sus comunas. También unificar su coalición para proponer proyectos de leyes que permitan enfrentar de mejor manera la delincuencia, por lo pronto, plantear modificaciones a la Ley 20.965 para ampliar las facultades de las alcaldías para la gestión de la seguridad ciudadana (Programa de gobierno AD, 2021). Por otra parte, como Jefe de Estado, es imprescindible poder trabajar en conjunto con el Poder Judicial y el Legislativo. Así, debe relacionarse tanto con el Senado como con la Cámara de Diputadas y Diputados para mejorar el trabajo pre-legislativo de los proyectos que aborden materias de seguridad pública, siendo necesario actualizar los tipos penales de la asociación ilícita al del crimen organizado. Con el poder judicial, por otra parte, si bien se han tomado medidas para enfrentar el crimen organizado dentro de las cárceles, se debe mejorar la eficiencia en el procesamiento de delitos, junto con tomar medidas para disminuir la sensación ciudadana de desigualdad en la aplicación de la justicia.
Estas son sólo algunas propuestas que permitirían abordar diferentes aspectos de crisis de seguridad, retomar el control de la agenda por parte del Gobierno en el corto plazo siempre y cuando se muestren resultados evidentes y visibles. Retomar el control de la agenda es vital para volver a centrar la mirada en el tratamiento punitivo de aquellos “ilegalismos” aún tolerados, ocultos por la estridencia de los “delitos de alta connotación”, pero que sin duda alimentan en la ciudadanía una sensación de desigualdad en la administración del sistema de justicia.
Referencias
Apruebo Dignidad (2021) Programa de Gobierno Apruebo Dignidad. Online en https://issuu.com/andresretamales01/docs/plan_de_gobierno_ad_2022-2026_2_-_copia
Dammert, L. (2022) Contra el populismo punitivo. Perú, Editorial Planeta.
Foucault, M. (2009) Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Argentina. Editorial Siglo XXI.
Fiscalía de Chile (2018) Informe 2018 Observatorio del Narcotráfico en Chile. Online en http://www.fiscaliadechile.cl/observatoriodrogaschile/informe_2018_online.html
Fiscalía de Chile (2020) Informe 2020 Observatorio del Narcotráfico en Chile. Online en http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/observatorio_narcotrafico_informe_2020.pdf
Fiscalía de Chile (2021) Informe 2021 Observatorio del Narcotráfico en Chile. Online en http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/observatorio_2021.pdf
Orellana, O. (2016). Manual de Criminología. México. Editorial Porrúa
Paz Ciudadana (2022) Índice Paz Ciudadana 2022 Presentación de Resultados. Online en https://pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2022/10/Presentacion-IFPC-2022-1.pdf
Stefanoni, P. (2022) ¿La rebeldía se volvió de derecha? Argentina. Editorial Siglo XXI