Shirley Ruiz
Artista, Costa Rica
La defensa de Cordel exige:
transparencia, evidencia técnica
y responsabilidad pública.
La oposición al proyecto de instalar un botadero de residuos en Cordel, distrito de Picagres, no puede reducirse a una discusión sobre el uso de un terreno. Lo que está en juego es la protección de un territorio donde existe una fuente hídrica oficialmente reconocida, una microcuenca, bosque y condiciones ambientales que exigen una evaluación rigurosa antes de permitir cualquier actividad que pueda comprometer el agua y el ambiente.
Además, el terreno se encuentra dentro del Corredor Biológico Garcimuñoz, según los antecedentes señalados por SINAC, y existe una certificación oficial de bosque, SINAC-ACC-OP-2119-2024, que confirma la presencia de bosque en el sitio. Estos elementos hacen aún más necesario valorar el impacto del proyecto sobre la biodiversidad y el ecosistema.
La propia Municipalidad de Mora documentó esta realidad en el informe UGARD-H-INF-003-2018, elaborado después de una inspección de campo realizada el 3 de diciembre de 2018. El informe ubicó mediante GPS la Naciente de Cordel y determinó que se encuentra en una microcuenca de aproximadamente 416.118,86 m², cuyas aguas descargan en la Quebrada Mesas. Además, la finca tiene 7 quebradas más. También registró un caudal de 1,35 litros por segundo en la tubería de entrada al sistema de captación.
La información no quedó solamente en un informe municipal. El 27 de abril de 2026, la Dirección de Aguas del MINAE, mediante el oficio DA-UHTPCOSJ-0731-2026 y dentro del expediente 45115-DI, identificó la Fuente N° 1, ubicada en Jateo, Picagres de Mora, como una “NACIENTE” y concluyó que corresponde a un cuerpo de agua del dominio público de carácter permanente, afluente de la Quebrada Mesas.
Ese mismo dictamen señala que la fuente fue asociada con un afloramiento a través de fracturas de rocas volcánicas y que el estudio técnico aportado registró un caudal de 1,35 litros por segundo durante época de estiaje. La Dirección de Agua revisó el estudio técnico elaborado por el geólogo Pablo Herrera Zúñiga y consideró que cumplía con las disposiciones técnicas aplicables.
La Municipalidad también identificó zonas de protección de 100 metros para la naciente permanente y de 200 metros alrededor del sitio de captación, y señaló la existencia de procesos de reptación y el trazo de una falla activa aproximadamente a 20 metros al noreste de la naciente, denominada en ese informe “Falla Zapote”. El propio estudio recomendó realizar estudios hidrogeológicos complementarios para determinar el tubo de flujo y la zona de captura de la naciente.
A esto se suma que los antecedentes técnicos señalan un nivel freático inferior a 10 metros, condición que requiere especial atención ante cualquier actividad relacionada con disposición de residuos, debido al riesgo potencial para las aguas subterráneas.
También existen antecedentes sobre fallas geológicas y condiciones de sismicidad que requieren estudios específicos, una preocupación señalada desde 2005 por la Comisión Nacional de Emergencias. Estos elementos deben ser considerados antes de determinar la viabilidad de cualquier infraestructura de esta naturaleza.
Estos datos cambian la naturaleza de la discusión. Ya no se trata únicamente de una preocupación ciudadana: Existen documentos oficiales que acreditan la existencia y permanencia de una fuente de agua en el área. También existen antecedentes oficiales sobre bosque, corredor biológico, condiciones hidrogeológicas y riesgos geológicos que no pueden ser ignorados. Por ello, cualquier proyecto de disposición de residuos debe ser examinado con especial rigor en cuanto a su posible incidencia sobre la naciente, la captación, la microcuenca, las aguas superficiales y subterráneas y las zonas de protección.
La protección del agua tampoco es una cuestión secundaria. El artículo 50 de la Constitución Política reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y la jurisprudencia constitucional ha reconocido el acceso al agua potable como un derecho fundamental. La Procuraduría General de la República también ha señalado que la protección ambiental exige estudios técnicos serios y que, ante riesgos de daño ambiental, adquiere relevancia el principio precautorio.
También debe discutirse con seriedad el impacto de la movilización de residuos. Se ha señalado la posibilidad de cientos de camiones diarios y el uso de rutas como la Ruta 27, Ciudad Colón–El Rodeo o Colón–Puriscal–Potrerillos. Si ese escenario forma parte de una propuesta real, sus efectos sobre tránsito, infraestructura, seguridad vial, ruido, emisiones y calidad de vida deben estar documentados y evaluados por las autoridades competentes.
La preocupación aumenta considerando que los antecedentes señalan pendientes de acceso de hasta aproximadamente 40°, en un sector cercano a centros educativos y a la UTN.
CORDEL NO ES UN TERRENO VACÍO
Cordel no es un punto perdido en un mapa. Es tierra de caminos, de montaña, de agua que nace entre las piedras, de familias que han visto pasar generaciones y de comunidades que aprendieron que el territorio también guarda memoria. Allí donde algunos pueden ver un espacio disponible para depositar toneladas de residuos, el pueblo reconoce una naciente, una quebrada, un bosque y una tierra que ha sostenido la vida.
Porque el agua no conoce de escrituras ni de intereses económicos. Nace, corre y busca su camino. Y cuando una comunidad levanta la voz para defenderla, no está defendiendo solamente una naciente: Está defendiendo el derecho de sus hijos e hijas y de los hijos de sus hijos a beber agua limpia, a respirar aire sano y a caminar por un territorio que todavía conserve su dignidad.
Nuestra lucha también tiene memoria. Hay luchas que pasan de una generación a otra porque nacen de algo más profundo que una coyuntura: Nacen del amor por la tierra y de la conciencia de que los derechos no se conservan solos. Se defienden. Se organizan. Se conquistan y se vuelven a defender cada vez que alguien pretende convertir un bien común en mercancía.
Por eso esta lucha tiene también un sentido revolucionario. Revolucionario es no aceptar que todo tenga precio; es rebelarse contra la idea de que una montaña vale menos que un negocio, que una naciente puede sacrificarse por intereses económicos o que las comunidades deben guardar silencio ante decisiones que pueden comprometer su futuro. La verdadera transformación comienza cuando el pueblo deja de mirar desde la orilla y decide participar, preguntar, organizarse y defender aquello que le pertenece: la vida.
No queremos un desarrollo construido sobre la destrucción. Queremos un futuro donde progreso no sea sinónimo de contaminación, donde las decisiones públicas estén al servicio de la gente y donde ninguna comunidad sea considerada sacrificable.
Porque un pueblo que defiende su agua defiende su historia. Un pueblo que defiende su bosque defiende su futuro. Y un pueblo que se organiza para defender la vida demuestra que todavía tiene la fuerza para cambiar su destino.
El problema de los residuos de Costa Rica requiere soluciones de fondo: Reducción, reutilización, reparación, separación, reciclaje, compostaje, recuperación de materiales y responsabilidad de quienes producen y comercializan bienes. Una política pública responsable no puede limitarse a trasladar los residuos de un lugar a otro sin evaluar adecuadamente los costos ambientales y sociales.
Por eso, antes que trasladar el problema hacia comunidades vulnerables, resulta necesario impulsar soluciones como el tratamiento de residuos orgánicos y alternativas regionales sostenibles, con participación de la Municipalidad, el Concejo Municipal y la ciudadanía.
El Comité Cívico de NO al basurero en Mora emplaza a la Alcaldía
Sr. Rodrigo Alfonso Jiménez Cascante
Alcalde de Mora
Sra. Ariuna Cabal Lombordorz
Vicealcaldesa de Mora
El Movimiento Cívico No Al Basurero en Mora emplaza públicamente al alcalde Rodrigo Alfonso Jiménez Cascante y a la vicealcaldesa Ariuna Cabal Lombordorz para que rindan cuentas ante el pueblo de Mora y expliquen con claridad su posición respecto del proyecto que Parque Industrial Jateo pretende instalar en Cordel, Picagres.
En la sesión del Concejo Municipal del 2 de setiembre de 2026, según lo señalado por el Movimiento Cívico, el alcalde Jiménez Cascante se negó a firmar por quinta ocasión el documento resultante de la Mesa Técnica, integrada con su anuencia y con representación de la Alcaldía, el Concejo Municipal y la ciudadanía. La población tiene derecho a conocer las razones de esa decisión y sus implicaciones.
El emplazamiento también exige claridad sobre las denuncias formuladas por el Movimiento Cívico acerca de actuaciones internas de la Municipalidad relacionadas con la persona que había sido delegada por la Alcaldía para la representación técnica de la Administración, así como sobre las denuncias de intervención o afectación del bosque en el área vinculada al proyecto. Si existen actuaciones administrativas, inspecciones, permisos o denuncias, deben ser informadas y documentadas por las instituciones competentes.
Entre los aspectos que también requieren aclaración se encuentra el uso de suelo señalado en los antecedentes de 2004, cuya vigencia habría expirado en 2005, así como la situación jurídica de trámites que ya fueron resueltos en firme y cuyos efectos deben ser determinados conforme al ordenamiento jurídico.
La situación adquiere mayor relevancia ante el temor de que una eventual emergencia nacional relacionada con la gestión de residuos convierta a Cordel en una alternativa para recibir residuos de una población mucho mayor. Precisamente por eso, cualquier decisión debe estar precedida por información técnica, evaluación ambiental, transparencia y participación ciudadana.
Alcalde Jiménez Cascante y vicealcaldesa Cabal Lombordorz: el pueblo de Mora tiene derecho a saber qué posición sostienen, qué decisiones han tomado y qué medidas están dispuestos a impulsar para proteger el territorio. En un asunto que involucra una naciente reconocida oficialmente como permanente y de dominio público, además de bosque certificado, un corredor biológico, aguas subterráneas cercanas a la superficie y condiciones geológicas que requieren estudios, la ambigüedad institucional no es suficiente.
La defensa de Cordel no significa negarse a discutir soluciones para los residuos. Significa exigir que esas soluciones respeten el agua, el ambiente, la salud, el territorio y los derechos de las comunidades. Mora necesita decisiones públicas sustentadas en evidencia y responsabilidad, no decisiones tomadas a costa de sus fuentes de agua.
Cuando concurren en un mismo territorio una naciente permanente, bosque certificado, un corredor biológico, aguas subterráneas cercanas a la superficie, condiciones geológicas que requieren estudio y pendientes de hasta 40°, la responsabilidad pública exige demostrar la viabilidad del proyecto, no simplemente asumirla.
La tierra no se vende, la vida no se negocia.
Mientras exista un río que defender, un árbol que proteger y un pueblo dispuesto a levantarse, habrá esperanza y habrá lucha.
Porque defender la naturaleza es defender nuestra memoria, nuestro presente y el futuro de quienes todavía no han nacido.
