Por Álvaro Quezada Sepúlveda
Profesor y Magíster en Filosofía, mención axiología y filosofía política, Universidad de Chile. Contacto: alvaroque@gmail.com
La discusión sobre la facultad del presidente de la República de indultar a condenados por los tribunales de justicia vuelve a ser tema de discusión cada vez que hay cambio de gobierno, y esto porque cada nuevo presidente quiere ejercer esa facultad de manera de favorecer a quienes cree merecen un trato distinto, ya sea por estar enfermos, en una edad avanzada o bien porque, contra ellos, no ha habido justicia en la aplicación de la ley.
Desde ya, parece un contrasentido que, en un país que declara irrestricto apego a la ley y a la potestad de la justicia, exista este privilegio del ejecutivo para, una vez que se ha fallado contra un imputado, anular la sentencia de los tribunales y permitirle la vida en libertad.
Lo cierto es que, si bien es un derecho del ejecutivo, esta facultad molesta a los mismos que la ejercen, pues con su aplicación se pide pagar deudas o favores políticos a sectores específicos de la vida nacional que colaboran con el nuevo régimen (por ejemplo, la llamada “familia militar”).
Desde hace años, los condenados por delitos de “lesa humanidad”, cometidos durante la dictadura militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990, residen en una cárcel especialmente adaptada por Gendarmería llamada “Punta Peuco”. Allí cumplen sus condenas unos 130 reclusos, condenados por los tribunales de justicia por cometer delitos de tortura y asesinatos.
Pues bien, a favor de ellos se ha pedido insistentemente un indulto, fundado en su avanzada edad (algunos de ochenta años o más), en sus enfermedades invalidantes o en la “evidente injusticia en el procesamiento legal de sus causas”.
Me interesa poner atención en el último de los fundamentos del indulto. Se alega que los procesos penales, pruebas y testimonios, han sido manejados por abogados de una cierta tendencia política, que los jueces han actuado con evidente sesgo ideológico. Luego, las condenas han sido injustas por no corresponder a la verdad sino a prejuicios ideológicos contra los acusados.
Los abogados litigantes por parte de las víctimas pasaron largos años intentando que los tribunales acogieran sus recursos y, en un importante número de casos, buscaran los cuerpos de las víctimas o llevaran a juicio a los responsables. El trabajo de estos profesionales dio el fruto que familiares y víctimas esperaron por largo tiempo: hoy, finalmente, más de un centenar de estos criminales cumplen condena en el penal de Punta Peuco.
El actual mandatario ha declarado en numerosas oportunidades su intención de “corregir” esta injusticia, porque conoce a algunos los condenados y no puede concebir que se los impute de ello, o porque sostiene que los juicios han sido amañados con pruebas y testimonios falsos, y con evidente sesgo ideológico en la dictación de sentencias.
En un orden constitucional como el nuestro, los tribunales de justicia son los llamados a decidir, de acuerdo con los antecedentes presentados, la inocencia o culpabilidad de los acusados. Ese mismo orden se altera si una autoridad política pretende enmendar los fallos de estos tribunales, aludiendo a una supuesta ceguera que condenó a un inocente o absolvió a un culpable. Casos como éstos pueden ser muy frecuentes y se sabe de muchos inocentes cumpliendo condenas, y de culpables en libertad, pero deben ser resueltos en el marco de los tribunales de justicia, acudiendo a los recursos que sea necesario acudir.
La autoridad presidencial quiere situarse en un lugar cognitiva y moralmente superior al justificar sus eventuales decisiones con los reos de Punta Peuco o con los uniformados procesados en el estallido social de 2019. Señala que los dejaría libres porque, desde su “criterio privilegiado”, no son culpables, pese a que los tribunales han sancionado que lo son. Él percibe, desde su superioridad cognitiva y moral, que están injustamente privados de libertad porque los tribunales no hicieron bien su trabajo: no tuvieron en cuenta que, tanto los condenados de Punta Peuco como los de estallido, actuaron cumpliendo con su deber y en defensa de la patria.
Parte de esa narrativa que justifica las violaciones a los Derechos Humanos como deber cumplido y defensa de los valores de la patria consiste en sostener que la historia del golpe de Estado de 1973 y de la dictadura no está bien contada y que falta incluir a quienes también sufrieron con el extremismo marxista que pretendía transformarnos en un país comunista. Por lo tanto, los condenados de Punta Peuco son víctimas de esa manera torcida de narrar la historia reciente de Chile, y los chilenos debiésemos entonces agradecer que nos salvaran del “cáncer marxista”. La intención es entonces, ahora, revisar y reescribir esa historia, y “poner las cosas en su lugar”, dándoles a esos condenados el sitio que les corresponde, de “héroes de la patria”.
Dicha argumentación, que más bien por razones morales debiera omitir la autoridad presidencial, deja en evidencia una actitud de superioridad discriminatoria; es como afirmara: “nadie, tampoco la judicatura, es capaz de conocer la verdad como lo hacemos nosotros (‘chilenos bien nacidos’, ‘verdaderos chilenos’); porque solo nosotros sabemos cómo sucedieron las cosas y podemos identificar bien a culpables e inocentes”.
La democracia que queremos ser, idealmente, respeta las instituciones y las deja actuar en su respectivo ámbito, sin intervenir en la justicia de sus decisiones. El indulto es el ámbito de la arbitrariedad, su ejercicio es propio de autocracias, no de democracias.
Adenda:
Cosas singularísimas ocurren mientras escribo estas líneas. La diputada Gloria Naveillán se impone como presidenta de la comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, y eso a pesar de que, en 2023, se refiriera a las denuncias de violencia sexual por agentes de la dictadura como “leyendas urbanas”. Imagino entonces que la re-visión de la historia de la dictadura como una guerra de patriotas contra marxistas vendepatria va “viento en popa”.
