Por Camilo Bass del Campo
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (Universidad de Concepción) y en Salud Pública. Magíster en Administración de Salud. Desempeño académico en el Programa de Salud Colectiva y Medicina Social de la Escuela de Salud Pública (Universidad de Chile), dedicado a los temas de: Docencia y Atención Primaria de Salud, Talento Humano en Salud, Seguridad Social y Políticas Públicas.
Hay formas de poder que no necesitan imponerse por la fuerza. Les basta con instalar una costumbre. Tal vez ese sea uno de los rasgos más inquietantes del momento que vive Chile: No solo el avance de un proyecto político autoritario, sino la velocidad con que comenzamos a aceptar como normales situaciones que hace tiempo habrían resultado insoportables. Lo excepcional deja de parecerlo; la desigualdad se vuelve paisaje y la precariedad termina confundida con la forma natural de vivir.
Nos acostumbramos a esperar meses o años por una atención de salud. A que un salario apenas alcance para sobrevivir. A que las familias carguen con deudas permanentes para estudiar, enfermarse o llegar a fin de mes. A que el miedo organice la conversación pública y que la seguridad termine desplazando cualquier discusión sobre igualdad o derechos. Poco a poco, aquello que antes despertaba indignación deja de sorprendernos. La precariedad deja de verse como un problema político y comienza a asumirse como una condición inevitable de la existencia.
Quizás allí radique uno de los mayores triunfos del Neoliberalismo. No solo transformó la economía o privatizó empresas públicas; consiguió moldear el sentido común. Nos enseñó que competir era más natural que cooperar, que el éxito dependía exclusivamente del esfuerzo individual y que los problemas colectivos debían resolverse mediante soluciones privadas. La salud dejó de ser un derecho para convertirse en un servicio; la educación, en una inversión; la vivienda, en un activo financiero. Los derechos nunca desaparecieron del discurso. Lo que cambió fue la forma de garantizarlos: Cada vez más mediados por el mercado, el crédito, los seguros y la capacidad de pago.
Ese proceso no ocurrió de un día para otro, ni fue obra exclusiva del mercado. Requirió decisiones políticas, nuevas instituciones y una narrativa capaz de presentar la continuidad como modernización. Los gobiernos de la postdictadura no solo preservaron buena parte de la arquitectura económica heredada; también construyeron nuevas formas de legitimarla. El lenguaje de los derechos, la participación y la inclusión convivió con mecanismos que mantuvieron intacta la distribución del poder económico. Se ampliaron coberturas y prestaciones, pero muchas veces bajo esquemas de subsidio al mercado o de financiamiento privado. La promesa de un Estado social coexistió con una creciente mercantilización de la vida cotidiana. El cambio dejó de significar transformación y comenzó a convertirse, muchas veces, en una nueva forma de continuidad.
La última administración progresista expresó con especial claridad esa paradoja. Llegó impulsada por un ciclo de movilización social que había cuestionado los fundamentos del modelo, pero terminó administrando sus límites. Las demandas por salud, pensiones, educación y democratización fueron absorbidas por la institucionalidad y traducidas en reformas parciales o promesas incumplidas. La política volvió a concentrarse en gestionar las consecuencias de la desigualdad más que en modificar las condiciones que la producen. Allí comenzó a instalarse una sensación especialmente corrosiva: La idea de que es posible cambiar de gobierno, pero no de rumbo.
Quizás esa sea una de las razones por las que hoy la ultraderecha logra avanzar con tanta facilidad. No porque haya construido una mayoría convencida de su proyecto, sino porque ocupa el vacío que deja una política incapaz de ofrecer horizontes colectivos. Cuando desaparece la posibilidad de imaginar transformaciones profundas, el miedo se vuelve un recurso extraordinariamente eficaz para organizar la vida pública. La incertidumbre económica, la inseguridad y el cansancio social encuentran una respuesta sencilla en discursos que prometen orden, disciplina y autoridad. Allí donde la esperanza pierde fuerza, el temor comienza a gobernar.
Hoy esa lógica se expresa con especial claridad. La reducción del gasto público, el debilitamiento de las políticas sociales y la apertura de nuevos espacios para el negocio privado se presentan como decisiones técnicas, casi inevitables. Sin embargo, pocas veces se dice que cada vez que el Estado abandona un ámbito de protección social alguien ocupa ese espacio. Lo que deja de garantizarse como derecho reaparece convertido en mercancía. El retroceso de lo público no significa ausencia de poder; significa el desplazamiento del poder hacia quienes pueden convertir las necesidades humanas en oportunidades de negocio.
La salud ofrece un ejemplo elocuente. Durante años se habló de avanzar hacia un sistema más integrado, de superar la segmentación y de fortalecer el carácter público del cuidado. Sin embargo, las transformaciones fueron insuficientes para alterar la estructura de fondo. Incluso cuando el discurso parecía orientarse hacia un enfoque de derechos, las respuestas continuaron descansando en mecanismos que reforzaban la provisión privada y la lógica aseguradora. Hoy la red pública enfrenta crecientes restricciones presupuestarias mientras se amplían los espacios para la rentabilidad del sector privado. Las listas de espera, la sobrecarga de los equipos y el deterioro de la Atención Primaria dejan de interpretarse como síntomas de un modelo agotado y comienzan a asumirse como parte normal de su funcionamiento. Incluso el sufrimiento termina individualizándose: Aumentan los problemas de salud mental, pero rara vez se discute que buena parte de ese malestar tiene su origen en las condiciones sociales en que transcurre la vida.
Sin embargo, ninguna normalidad consigue borrar por completo aquello que pretende ocultar. Bajo la aparente resignación persiste un malestar que vuelve una y otra vez. Se expresa en las encuestas que muestran el creciente descontento con el rumbo del país, pero también en las calles: En las movilizaciones estudiantiles que vuelven a cuestionar la mercantilización de la educación, en las luchas sindicales por mejores condiciones de trabajo, en las comunidades que defienden sus territorios frente al extractivismo y en las múltiples organizaciones que sostienen redes de cuidado donde las instituciones ya no llegan. Son experiencias distintas, pero comparten una misma convicción: que la vida no puede seguir organizada exclusivamente por la lógica del mercado.
Tal vez lo que está en disputa no sea únicamente el tamaño del Estado ni el signo político del gobierno de turno. Lo que está en juego es algo mucho más profundo: Nuestra capacidad de reconstruir lo común. Porque el Neoliberalismo no solo privatizó empresas o servicios; también debilitó los vínculos que hacen posible reconocernos como parte de un destino compartido. Nos acostumbró a pensar que la competencia era una virtud, que la solidaridad era una excepción y que problemas profundamente colectivos debían resolverse de manera individual. Esa es, probablemente, su forma más eficaz de dominación.
Por eso, quizás la primera tarea política de este tiempo no sea ofrecer grandes respuestas, sino recuperar la capacidad de extrañarnos. Volver a mirar como inaceptable aquello que nos enseñaron a considerar normal. Preguntarnos quién se beneficia cuando confundimos resignación con estabilidad y por qué terminamos aceptando como inevitables formas de vida que deterioran nuestra salud, nuestros vínculos y nuestra democracia. Toda normalidad tiene una historia. Fue construida mediante decisiones políticas, relaciones de poder y sentidos comunes cuidadosamente cultivados. Precisamente por eso también puede ser transformada. Tal vez allí, en ese gesto de volver a nombrar lo intolerable, comience nuevamente la posibilidad de imaginar otro futuro.
